Mientras se protesta por el precio del gasóleo, la UE no combate seriamente la pesca ilegal ni establece los límites necesarios para garantizar la supervivencia del atún rojo mediterráneo.
Por Álex Lasmarías
Entre los meses de mayo, junio y julio (época de desove del atún rojo) se intensifica la pesca de una especie amenazada de extinción. El atún rojo no podrá resistirlo mucho tiempo más.
En los últimos 20 años, la población adulta de atún rojo ha disminuido en un 80%. En la zona del Estrecho de Gibraltar, las capturas realizadas en las tradicionales almadrabas han caído en el mismo porcentaje desde 2000 hasta la actualidad y el peso medio de los ejemplares pescados se ha reducido en este mismo periodo de 220 kilos a poco más de 145.
En 2006, un único ejemplar quedó atrapado en la denominadas “almadrabas de revés“, las que se calan para capturar los atunes que regresan a aguas atlánticas tras desovar en el Mediterráneo.
Según Greenpeace y otras organizaciones como Oceana, el volumen de pesca de este preciado túnido en el Mare Nostrum supera las 50.000 toneladas anuales, muy lejos de las 30.000 toneladas legalmente establecidas y a una distancia dramática de las 15.000 que la comunidad científica establece como nivel máximo para no amenazar la supervivencia de la especie.
Este baile de cifras es poco más que un sencillo esbozo de la desesperada situación del atún rojo. Este animal, objeto de explotación en el Mediterráneo desde hace más de 3.000 años, afronta el tránsito de su definitiva desaparición víctima de la creciente demanda internacional de su carne, la pesca abusiva, el incumplimiento sistemático de las normativas que regulan las actividades de la flota atunera y la falta de voluntad para imponer medidas que antepongan la supervivencia de la especie al rédito económico de su captura.
De no mediar un giro radical en la actual situación, la existencia del atún rojo se teñirá pronto del tono sepia de los recuerdos añejos.
Una alarma ignorada
Las primeras señales de agotamiento biológico del atún rojo llegaron a finales de los sesenta y se convirtieron en evidencia durante los primeros cinco años de la siguiente década. Ya en 1974, cuando el volumen de capturas rondaba las 14.000 toneladas anuales, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) alertó de la grave situación que podía atravesar este animal, de continuar intensificándose su pesca.
Desde entonces, una larguísima lista de legislaciones, regulaciones, procesos de reconversión y recomendaciones de todo tipo se ha sucedido, sin conseguir aliviar la situación de amenaza. Hasta llegar a la actual situación, con la especie al borde del colapso y el consiguiente riesgo para el frágil equilibrio biológico del Mediterráneo, donde el atún juega, con su rol de imponente depredador, un papel crucial.
Según The Independent, la sobrepesca y el desarrollo urbanístico están convirtiendo el mediterráneo en un “cementerio marino“.
Un marco legal endeble y cuestionado
En 1994, con el listón de las capturas situado alrededor de las 38.000 toneladas anuales, la CICAA alzó la voz para reclamar medidas concretas de protección para el atún que aseguraran la regeneración de la especie. Entre las demandas planteadas por el organismo: cierre de las pesquerías a los grandes buques palangreros durante los meses de junio y julio y recomendación de reducir en un 25% el esfuerzo pesquero de la flota europea.
Un año después, estas directrices se convirtieron en normativa. Pero las tibias directrices de la CICAA han acabado convirtiéndose en poco más que papel mojado ante la nula voluntad de las autoridades competentes, tanto nacionales como supranacionales, para imponer su cumplimiento.
La Comisión amplió este paquete reglamentario en 1996, cuando insistió en la imperiosa necesidad de disminuir la pesca de la especie y elevó el porcentaje de la reducción hasta el 35%, impuso la prohibición de utilizar redes de arrastre (declaradas posteriormente ilegales, en 2000) durante el mes de agosto y vetaba el envío de pescado por medios aéreos a Japón desde principios hasta finales de junio.
Una vez más, volvió a faltar rigor para aplicar la nueva normativa y se evidencia la incapacidad de las autoridades competentes para articular un discurso proteccionista que ponga coto a la pesca abusiva.
Dubrovnik, la ocasión perdida
Este paquete de medidas se mantuvo prácticamente inalterado hasta 2006, cuando tuvo lugar una cumbre en la localidad croata de Dubrovnik, en la que se pretendía abordar el futuro del atún rojo y establecer una regulación para garantizar la supervivencia de la especie. Pero los resultados de la cumbre no consiguieron satisfacer las demandas de los conservacionistas.
En primer lugar, se estableció un sistema de cuotas que debía fijar tanto el volumen total de capturas autorizadas en el Mediterráneo como la parte que correspondía a cada una de las flotas nacionales con mayor implicación en la explotación del amenazado túnido, especialmente la francesa, la italiana y la española.
Lamentablemente, la cuota de 30.000 toneladas anuales aprobada por la CICAA no sólo estaba muy alejada de las pretensiones de los grupos ecologistas, sino que duplicaba las indicaciones de los propios técnicos y científicos de la organización, que habían recomendado explícitamente no ir más allá de las 15.000 toneladas anuales.
Por si fuera poco, otras importantes reivindicaciones como el cierre de las pesquerías durante los meses de verano y la prohibición de faenar en las principales zonas de desove del atún rojo fueron completamente desatendidas, pese a la multitud de voces autorizadas que señalaban estas medidas como imprescindibles para garantizar el futuro de la especie.
La única determinación tomada por la CICAA en Dubrovnik que contó con la aprobación unánime de las entidades ecologistas fue la decisión de prohibir la captura de ejemplares que aún no han alcanzado la madurez sexual, es decir, que se sitúan por debajo del límite de los 30 kilos de peso.
Medidas insuficientes, presente desolador
La escasa firmeza y solidez del marco legislativo que regula la explotación comercial del atún rojo es, sin duda, uno de los principales males que minan inexorablemente el futuro del atún rojo. Pero más grave aún es el incumplimiento sistemático de las reglas del juego establecidas en cumbres como la de Dubrovnik por las flotas pesqueras europea, asiática y norteafricana. Un incumplimiento que se perpetúa ante la mirada impotente, cuando no en flagrante connivencia, de las autoridades competentes.
Greenpeace y WWF/Adena han denunciado que, según constata un informe de la consultora ATRT, España exportó 9.000 toneladas de atún rojo durante 2006. Una cifra muy diferente a las 4.700 toneladas declaradas oficialmente por la Secretaría General de Pesca y extraordinariamente abultada, si tenemos en cuenta que la cuota anual asignada a la flota española es de 6.266 toneladas, volumen en el que debe englobarse la cantidad destinada tanto a la exportación como al consumo interno.
No es, por supuesto, el único caso. El pasado año, Francia anunció que su flota había capturado algo más de 10.000 toneladas de atún rojo durante todo el ejercicio, haciendo caso omiso a la cifra de 5.500 toneladas que la CICAA tiene establecida para la industria pesquera gala.
Persistencia de la pesca ilegal en el Mediterráneo
Por si el nítido cuadro de abusiva sobrepesca que ofrecen estos pocos ejemplos no fuera suficiente para alertar sobre el fatídico destino que parece aguardar al atún rojo, las organizaciones ecologistas no dejan de documentar nuevos casos que ilustran el total desprecio por la biodiversidad que rige las prácticas de buena parte del sector atunero.
Oceana ha hecho públicos recientemente sendos informes que demuestran el uso reiterado y continuado de grandes redes de deriva por parte de la flota francesa e italiana. Estas redes, ilegalizadas desde hace ocho años, son mastodónticas estructuras que pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros y alcanzar hasta treinta metros de altura.
Su uso se ha mostrado muy rentable para la captura de atunes vivos con los que engrosar los stocks de las lucrativas granjas de atunes que se han establecido en diversos puntos de la costa española, croata, italiana, turca, maltesa, chipriota y tunecina.
En sus impenetrables mallas quedan irremisiblemente atrapados, además de atunes, todo tipo de cetáceos, tiburones, tortugas y otras muchas especies severamente amenazadas cuya pesca está vetada.
La situación se agrava si tenemos en cuenta que muchos de los buques que utilizan estas artes ilegales han sido beneficiarios de los cuantiosos fondos públicos que los gobiernos estatales y las autoridades europeas han destinado a la reconversión del sector pesquero para, precisamente, conseguir erradicar este tipo de prácticas extraordinariamente lesivas para la riqueza biológica del Mediterráneo.
Tampoco es extraño la utilización de avionetas que ayuden a localizar los grandes bancos de túnidos, a pesar de que su utilización como auxiliares en la actividad pesquera está prohibida desde 2001. Sus vuelos siguen siendo tristemente habituales en zonas de vital importancia, por ser puntos de desove del atún, como las islas italianas de Sicilia y Lampedusa o a lo largo de toda la costa maltesa.
Ni tan siquiera los ejemplares inmaduros escapan al acoso de los barcos pesqueros, pese a ser su supervivencia la única esperanza de perpetuación de la especie. Según revelan Greenpeace y Oceana, en 2007 España autorizó a 67 buques con base en el Mediterráneo a capturar ejemplares con peso inferior a los 30 kilos fijados en Dubrovnik como límite legal para su pesca.
¿Existen motivos para la esperanza?
Ciertamente, la presencia del atún rojo en aguas Mediterráneas depende de un drástico viraje de la actual situación. Quienes buscan ejemplos que no inviten al desánimo, piensan en los casos de otras pesquerías virtualmente agotadas que con el tiempo han conseguido recuperarse merced a políticas de gestión y control serias y de aplicación rigurosa.
Es el caso del arenque en Noruega. La pesca abusiva llevó a su práctica desaparición hasta que el gobierno noruego intervino con resolución para crear reservas vetadas a la flota pesquera, delimitar zonas destinadas a su reproducción y establecer límites inflexibles al volumen de capturas autorizadas.
Las medidas se han mostrado eficientes y en la actualidad, el sector goza de renovada salud y se le intuye un futuro prometedor al haber encontrado el necesario punto de equilibrio entre rendimiento económico y sostenibilidad.
Desde las entidades conservacionistas implicadas en la supervivencia del atún rojo se han elevado propuestas para asegurar la viabilidad biológica de este túnido en las aguas mediterráneas. Entre las más unánimemente aceptadas están:
- Creación de reservas y zonas vetadas a la pesca que incluyan las principales zonas de desove del atún rojo, como pueden ser las pesquerías de las Baleares y Sicília.
- Prohibición a la flota atunera de faenar durante los meses de mayo, junio y julio, época de reproducción y desove del atún.
- Limitar el volumen de capturas hasta niveles asumibles por la especie y fijar un calendario de paradas biológicas de la actividad pesquera para facilitar la reproducción y la regularización de la población.
- Establecer rigurosos protocolos de control de los barcos en puerto que permitan realizar inspecciones en las que detectar con prontitud el uso de artes ilegales como las redes de deriva.
- Extender el uso de las denominadas cajas azules, o lo que es lo mismo, implantar mecanismos electrónicos de localización que permitan determinar la posición exacta de los barcos y denunciar su presencia en zonas vetadas.
- Imponer la devolución del importe de las subvenciones recibidas durante los procesos de reconversión a aquellos barcos que persistan en utilizar artes ilegales o incumplan la normativa vigente.
- Establecer mecanismos de control sobre el stock de las granjas de atunes e impedir su ubicación en zonas donde su actividad pueda resultar lesiva para la biodiversidad del lugar, tal y como sucede con aquellas situadas sobre las frágiles praderas submarinas de posidonia de la costa española.
- Aplicar un régimen de sanciones que resulte verdaderamente disuasorio frente a la insostenibilidad de las actuales prácticas pesqueras del sector atunero.
De la adopción de esta serie de medidas puede depender el inseguro futuro del atún rojo en los océanos del mundo.
De persistir el actual rumbo de la situación, este recurso pesquero que nos ha acompañado durante los últimos 3000 años pronto emitirá su particular canto del cisne amenazando la estructura biológica del mar Mediterráneo con su definitiva desaparición.