En el mejor de los casos, la contaminación por plomo ocasiona gripes, dolores de garganta, alergias, tensión alta o gastritis. Si la exposición al plomo es muy elevada, puede afectar a todos los órganos, siendo el sistema nervioso el más dañado. En mujeres embarazadas puede provocar la pérdida del feto, mientras que los hombres pueden ver alterada la producción de espermatozoides. Y si la exposición al plomo es muy prolongada, se pueden producir muertes o desarrollarse casos de leucemia.

En el cantón Sitio del Niño, en la localidad salvadoreña de San Juan Opico, hay cientos de familias afectadas por la contaminación por plomo, 15 personas han muerto por esta causa y 80 niños presentan síntomas de leucemia. Desde el año 2004, los ciudadanos de este cantón atribuyen la contaminación a la empresa Baterías El Salvador. 

La contaminación masiva es tan evidente que hasta el Ministerio de Salud de El Salvador ha reconocido que cerca de 50 niños registran niveles de plomo perjudiciales para el desarrollo humano. En realidad, el 70% de los habitantes de esta comunidad presentan síntomas de envenenamiento por el plomo que desprende la fábrica de reciclaje de baterías.

Las cifras son tan alarmantes que se generó un movimiento social para denunciar la contaminación masiva, exigir el cierre de la empresa y obligar al gobierno a hacerse cargo de los tratamientos médicos de los afectados y la descontaminación de la zona. Esta es la crónica de una contaminación masiva por desidia gubernamental.

Desde el año 2004, todos los habitantes de Sitio del Niño sabían que los síntomas que padecían respondían a la actividad que desarrollaba la empresa Baterías El Salvador en su comunidad. Sin embargo, hasta este 2007, el hecho no saltó a los medios de comunicación y fue entonces cuando el Gobierno aparentó sentirse preocupado por el tema.

El plomo que emitía la empresa se concentraba en el agua y en el aire. Si tenemos en cuenta que la exposición al tema se puede dar por comer alimentos que lo contengan, por beber agua contaminada o simplemente por inhalación, nos damos cuenta de la gravedad de los hechos. Por poner un ejemplo extraído de la prensa nacional: los análisis efectuados al niño Diego Alejandro Argueta, residente en el cantón, muestran que tiene unos niveles de 26,20 miligramos de plomo por decilitro de sangre. Diego Alejandro sufre principio de osteoporosis.

En los últimos meses, la presión ciudadana –aglutinada en el “Movimiento Sin Plomo”- se había hecho tan notoria que el pasado 24 de septiembre el Ministerio de Salud decretó el cierre de la empresa. Pero ahí está lo rocambolesco de la historia: el cierre se decretó porque, según las autoridades salvadoreñas, la empresa carecía de unos permisos de funcionamiento desde 2005.

El Gobierno había creado previamente una comisión interinstitucional para estudiar la contaminación y establecer las sanciones pertinentes. La comisión estaba integrada por el Ministerio de Salud, el Seguro Social y el Ministerio de Medio Ambiente. Un día antes del cierre, ni Seguro Social ni Medio Ambiente sabían que se iba a decretar el cierre de la empresa.

El trabajo de esta comisión interinstitucional ha estado marcado por “momentos gloriosos”. Para empezar, se negaron a dar los nombres de los propietarios y accionistas de la empresa, a pesar de las peticiones del principal partido de la oposición, el FMLN. Cuando la presión ciudadana era más intensa, el ministro de Salud, Guillermo Maza , llegó a declarar que no era la empresa quien debía irse del cantón… sino los ciudadanos. Por cierto, Maza es conocido por desviar parte de la ayuda internacional que el país recibió tras el huracán Mitch para ampliar su clínica privada.

A todo esto, el Ministerio de Medio Ambiente no veía razones suficientes para decretar el cierre. Simplemente se limitó a sancionar a la empresa con una multa de 101 salarios mínimos (17.600 dólares), la más baja que contempla la legislación nacional. En realidad, debería haber pagado 5.000 salarios mínimos pero le redujeron la sanción porque admitió haber cometido una infracción. La brillante actuación del Ministerio de medio Ambiente fue alabada por la propia empresa, cuyo representante dijo que el titular de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, era el único que había actuado “acorde a la ley”.

Por el momento, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que esperará a final de año para determinar una sanción.

Obviamente, la empresa niega la contaminación y ha calificado el cierre como una “decisión arbitraria”. Sólo ha aceptado una “contaminación focalizada” y califica de irresponsable la “psicosis social” generada. Mientras, nadie se ha hecho cargo de los tratamientos médicos de los afectados, ni de la descontaminación de la zona. Ni, claro está, de posibles indemnizaciones. Y el plomo se mantiene en el agua y el aire de Sitio del Niño.