En 2017, un joven empresario de Los Ángeles llamó la atención de los medios al presentar su auto, con motor eléctrico diseñado por él mismo y una autonomía de 380 millas (más de 600 kilómetros, suficiente para viajar desde Madrid a Barcelona sin repostar).
Eric Lundgren explicaba entonces que la conversión le había costado apenas 13.000 dólares: una fracción de los Tesla con mayor autonomía (dejando de lado las características técnicas de dos “plataformas” separadas por un abismo de tecnología e inversión).
Lundgren pretendía simplemente llamar la atención de cualquier interesado en convertir un vehículo: este “cacharrero” de 33 años ha explicado su interés por experimentar con reparaciones, experimentos y conversiones de máquinas y aparatos electrónicos e informáticos desde que tiene uso de razón, algo que no sólo le había llevado a diseñar el motor de su propio coche, sino a crear IT Asset Partners (ITAP), una empresa de reciclaje y reparación de desechos electrónicos.
El pecado original de un chatarrero postmoderno
Un año después, su nombre vuelve a aparecer en la prensa estadounidense, en esta ocasión por una sentencia judicial que podría llevarlo a prisión por, como titula el artículo que el Washington Post dedica al caso,
“tratar de expandir la vida útil de los ordenadores”.
Lundgren podría ir a la cárcel por, según una lectura restrictiva de las leyes antipiratería de Estados Unidos, tratar de lucrarse con el trabajo de otros: el empresario ha reiterado que en realidad intentó extender la vida de equipos y componentes que son enviados a países con legislación medioambiental más laxa, donde acaban en vertederos poco controlados.
La historia es algo más compleja y matizable, pero nos recuerda, en cualquier caso, las trabas técnicas y legales de cualquier usuario o empresa para reparar o modificar por su propia cuenta equipos informáticos y electrónicos, software, maquinaria y otros productos sujetos a las leyes de gestión de derechos de propiedad intelectual aplicables en función del lugar donde se cometa la infracción y las características de la denuncia.
En el mundo real, el conflicto jurídico entre el derecho a reparar aparatos electrónicos que hemos adquirido y el derecho intelectual de fabricantes interesados en gestionar el ciclo de vida útil de los productos y proteger sus diseños, se decanta a favor del fabricante.
Cuando compramos aparatos que no podemos abrir
El llamado “derecho a reparar” es un concepto jurídico relativamente reciente, surgido como respuesta de activistas y asociaciones de consumidores para combatir fenómenos como:
- la obsolescencia programada;
- o el auge de productos cuyo vendedor prohíbe no sólo reparar, sino incluso abrir o “manipular” de cualquier modo no convencional, bajo amenaza de pérdida de garantía o denuncia.
Lundgren acaba de perder un recurso presentado a la sentencia de 15 meses de prisión por fabricar y, supuestamente, “vender” discos de restauración de viejos PC, sujetos a leyes de derechos de autor en Estados Unidos: ni Microsoft ni ninguna otra compañía facilitan este tipo de discos años después de haber vendido la licencia relacionada con un equipo determinado, complicando que el aparato pueda extender su ciclo de vida.
El fenómeno de abandono premeditado del mantenimiento debido o el suministro de copias legítimas de viejo software propietario no origina un cambio de su estatuto legal, y su copia y distribución alternativas son perseguidas por fabricantes o tenedores de derechos (en el caso de compañías ya desaparecidas).
El “abandonware“, o programas no reclamados por nadie, es un fenómeno raro y “alegal”. En el mundo de los videojuegos, varios títulos creados con fines comerciales han sido recuperados por sus creadores que, a su vez, permiten su descarga gratuita, a menudo con licencia de software libre (GPL, o Licencia Pública General en sus siglas en inglés).
Y, pese a declarar que la fabricación y distribución de estos discos no le ha reportado dinero ni ha causado daños a empresas o consumidores, la sentencia le condena a pagar 50.000 dólares de multa por daños y perjuicios, así como a 15 meses de prisión.
El escaso interés en extender el ciclo de vida de los aparatos
De nada le ha servido alegar en el recurso que distribuyó gratuitamente los 28.000 discos de inicio (programas de arranque y recuperación de viejas versiones de Windows) creados: para la parte acusadora (la oficina antifraude de la aduana estadounidense), los discos procedentes de China eran copias falsas de software protegido con derechos de autor.
Los problemas de Eric Lundgren ilustran las tensiones entre el modelo industrial de la electrónica e informática de consumo y los usuarios incapaces de aumentar la vida útil de aparatos y modelos con fecha de caducidad programada.
Si hace apenas unos años, los “negocios verdes” prometían propulsar empleos medioambientales en sectores como el reciclaje, historias como la de Lundgren evocan la dificultad para desarrollar ideas de negocio con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente que, además de económicamente rentables, no despierte los recelos de organismos antipiratería y de la propia industria.
Ni fabricantes ni distribuidores informáticos han ofrecido hasta el momento modelos exitosos de extensión del ciclo de vida útil del software y el hardware que producen y comercializan: un esfuerzo genuino para contrarrestar los efectos perniciosos de la obsolescencia programada iría en detrimento de modelos de negocio todavía basados en la venta de nuevos aparatos y licencias.
Sin embargo, ni las oficinas de derechos de autor ni empresas clave en el sector informático, como Microsoft —con una posición inflexible en la gestión de su propiedad intelectual—, parecen interesadas en que florezcan ideas de negocio que cubran las deficiencias premeditadas existentes en el uso extendido y reciclaje de viejo software, equipos y componentes: nadie parece prestar atención a los productos envejecidos… hasta que alguien decide suplir carencias con ideas que no cumplen a rajatabla el derecho intelectual del productor, que se impone al —más reciente y débil— derecho de uso y reparación del propio usuario.
Aparatos brillantes, vertederos remotos
En un Estado, California, con campos en el sector tecnológico —como blockchain— donde reina la hipercompetición, Eric Lundgren se había convertido a inicios de la década en fundador de la primera firma de reciclaje electrónico en suelo estadounidense, sirviéndose de viejos componentes de teléfonos, ordenadores y otros aparatos para crear nuevos dispositivos.
Un modelo de negocio con tanto sentido aparente ha acabado situándolo fuera de la ley, con el departamento legal de Microsoft limitándose a emitir un comunicado donde alega que la denuncia contra Lundgren fue emitida por el servicio de aduanas de Estados Unidos, y —dice la empresa— la condena es justa, al haber existido venta fraudulenta de discos con software de Microsoft (discos de inicio) copiado y distribuido sin permiso de la empresa.
La firma de Lundgren procesa 41 millones de libras (20.500 toneladas) anuales de desechos electrónicos, con clientes como IBM, Motorola y Sprint. En Europa y Estados Unidos, las compañías están obligadas a gestionar sus propios equipos obsoletos, que entregan a intermediarios para procesar su reciclaje de manera más económica en países con escasa o nula legislación sobre el tratamiento de sustancias o componentes peligrosos, como Ghana, tras la reciente negativa de China a acoger desechos plásticos de otros países.
El caso de Lundgren, que desincentiva a quienes pretendan perseguir ideas de negocio similares, mientras otras compañías que atentan contra la legalidad de sectores establecidos (Airbnb, Uber, etc.) reciben el visto bueno de inversores y reguladores estadounidenses.
Mientras la regulación actual bloquea ideas creativas que fomenten el reciclaje electrónico y la reutilización de componentes, el volumen de chatarra electrónica ha aumentado en Asia más de dos tercios en sólo 5 años.
El lío de los discos de recuperación
El joven empresario de Los Ángeles se interesó por el reciclaje de componentes y la obsolescencia programada al comprobar la ausencia de negocios que recuperaran partes todavía en funcionamiento procedentes de millones de equipos periódicamente desechados.
Ni siquiera los propios fabricantes recuperan viejas partes de aparatos que han dejado de fabricar, eludiendo oportunidades de negocio que han permitido a compañías de sectores variopintos especializarse en un mercado potencialmente lucrativo, el del soporte extendido.
En el sector automovilístico, varias firmas ofrecen soporte personalizado a vehículos antiguos y de época, cuyos dueños están dispuestos a tener al día aunque ello suponga desembolsar grandes sumas; Mercedes, por ejemplo, cuenta con un programa de intercambio de viejos motores averiados por una versión reciclada con anterioridad y ya reparada.
Antes de fundar su empresa, Lundgren vivió en China estudiando el recorrido de los desechos electrónicos, tomando ideas e imaginando maneras de reutilizar componentes, materiales y software.
El proyecto que metió al empresario en un apuro consistió partió de la idea de crear miles de copias de discos de recuperación de Windows sin permiso de la compañía de Redmond, Washington, que vincula cada disco de recuperación con una máquina comercializada con una licencia del sistema operativo, escudándose en leyes antipiratería y el riesgo que iniciativas como las de Lundgren podrían suponer para el negocio de la venta de software propietario.
Lundgren se había preocupado de estudiar por qué a menudo hay equipos en perfecto estado que acaban desechados: una ver extraviados los discos originales, muchos usuarios con escasa competencia técnica eran incapaces de descargar ellos mismos una copia del disco de restauración desde el sitio de Microsoft, que habría funcionado en el equipo con una licencia legal.
Así que los 28.000 discos de recuperación enviados a un distribuidor de Florida desde el lugar de China donde los había producido se toparon con el servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Productos para los que el usuario es un delincuente potencial
Para Microsoft, la intención real de Lundgren era evitar el control del vendedor de software en la comercialización de copias de su producto: la empresa de Redmond alega que, cuando un usuario particular cede su viejo ordenador a un tercero, la licencia de software sigue vigente, pero estas condiciones no se mantienen en el caso de vendedores con intención de lucrarse en la venta de un equipo (en este caso, cada licencia cuesta 25 dólares).
Lundgren alega que nadie estaba interesado en los discos; el caso habría acabado aquí sin la colaboración del distribuidor en donde habían recalado las copias, que colaboró con la justicia estadounidense ofreciendo 3.400 dólares por los discos, transacción que ha cimentado el caso social contra el fundador de ITAP, que se había declarado ya culpable para evitar penas elevadas antes de perder el recurso en los tribunales de Florida.
La acusación pretendió establecer un valor de 299 dólares por cada disco de recuperación (lo que habría elevado el fraude a 8,3 millones de dólares en supuestas pérdidas para Microsoft), pero la propia compañía de Redmond estableció el valor de cada copia en los 25 dólares en que valora el disco de recuperación para viejos equipos revendidos con ánimo de lucro.
En realidad, los expertos en la materia que han seguido el caso recuerdan que, sin la clave de producto con su respectivo Certificado de Autenticidad, los discos no tienen ningún valor en el mercado. La intención del empresario estaba más relacionada con la conveniencia y su lucha particular contra la obsolescencia programada que en crear un modelo de negocio con copias de software pirata.
¿Prohibido reparar?
Casos como el que podría enviar a Lundgren 15 meses a prisión muestran poco interés en facilitar mecanismos comprensibles y al alcance de cualquiera capaces de extender el ciclo de vida útil de ordenadores, teléfonos y otros dispositivos.
Asociaciones de usuarios y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), especializada en libertades civiles relacionadas con el uso de nuevas tecnologías, defienden que el “derecho a reparar” el software y el hardware que hemos adquirido se convierta en una enmienda formal a las leyes mundiales de antipiratería.
De momento, la realidad es muy distinta. El escritor de ciencia ficción Cory Doctorow recuerda que la sección 1201 de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA en sus siglas en inglés), especifica la ilegalidad de desbloquear material propietario con cualquier método que no sea el expresamente especificado por el comercializador:
“Obtener exenciones a estas prohibiciones es un largo y complejo proceso que a menudo resulta en no menos largos y complicados permisos que son difíciles de usar.”
Hacia un nuevo contrato de compra
Debido a la hiperlegislación que conduce a enmiendas como la mencionada 1201 de la DMCA, los usuarios que traten de usar el ordenador fuera del marco legalmente preestablecido estará quebrantando la ley, aunque se trate de adaptar el ordenador técnicamente para facilitar su compatibilidad con software y periféricos adquiridos legalmente.
La contienda de usuarios y pequeñas empresas y organizaciones para lograr que se reconozca en su amplitud el derecho a reparar todo tipo de maquinaria, aparatos electrónicos e informáticos que hemos adquirido previamente, no ha hecho más que empezar.
De momento, las piezas del interior de los vehículos que adquirimos, las “actualizaciones” de los tractores agrícolas o el funcionamiento interno de impresoras, cafeteras, móviles, neveras, tabletas electrónicas, etc., están sujetas a derechos de autor que prohíben expresamente su manipulación.
Ni los fabricantes ni la legislación que contribuyen a moldear en función de su capacidad de “influencia” (por llamarlo de algún modo) priorizan los intereses del usuario ni dinámicas de optimización y reciclaje que aumenten el ciclo de vida y reduzcan el impacto de los productos que adquirimos.
Entramos de lleno en la era en que habrá que decidir si nos conformamos con la conveniencia a plazos de permanecer como “usuarios” pasivos y acríticos —más interesados en las características técnicas del último modelo preferido que en nuestros derechos—… o recuperar nuestro lugar en la mesa de decisión.