La pérdida de biodiversidad es una de esas informaciones recurrentes que siempre merecen un espacio en la agenda informativa, aunque con un tono de denuncia de cartón piedra que da por hecho que poco se puede hacer para reconducir la situación.

Se informa poco sobre acciones que frenen el retroceso natural en todo el mundo y, cuando se hace, se usa el piloto automático: si llega la nota de prensa ya procesada y no da demasiado trabajo, sirve como relleno y siempre queda bien.

Personas jurídicas y su visión de las “externalidades”

No se ha logrado calcular lo que cuesta retroceso de los distintos ecosistemas en el mundo, pese a los intentos por realizar mediciones que pudieran ser aceptadas por los distintos países y, de este modo, relacionar la pérdida de biodiversidad con el deterioro económico y la pérdida de riqueza de un territorio dado.

Como demuestra el complejo entramado ético y legal en torno al vertido de petróleo causado por la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, el daño natural es visto por el sistema legal de los países más ricos y garantistas como una triste externalidad que, sin embargo, no debe perseguirse si pone en riesgo los intereses “legítimos” de personas.

Y las empresas son reconocidas como personas jurídicas, con varios derechos de entre los concedidos al individuo, aunque con menos deberes que el ciudadano de a pie, sobre todo relacionados con la responsabilidad de sus acciones.

Como leía recientemente en un comentario publicado por un conocido en Twitter, si un ciudadano decide rociar el patio delantero de nuestra casa con un bidón de gasolina, la acción puede ser perseguida penalmente; no está tan claro cuando una empresa, realizando una actividad de prospección de petróleo, causa un vertido que causará incalculables daños naturales y económicos a una amplia zona costera de Estados Unidos.

Derechos y deberes de los ciudadanos vs. empresas

Los ciudadanos y, sobre todo, las empresas (“personas jurídicas”) reciben en las sociedades garantistas protección legal si incurren en delitos contra el medio ambiente. De lo contrario, no se explicaría cómo, hasta el incidente de Deepwater Horizon, exista en la legislación estadounidense un límite máximo de indemnización de 75 millones de dólares para este tipo de catástrofes, una suma ínfima en relación con las pérdidas reales.

Tony Hayward, consejero delegado de BP, reconoce que el coste de las indemnizaciones será superior al límite de 75 millones reconocido legalmente y que la compañía hará frente a las reclamaciones “legítimas”. Lo que el dirigente de la petrolera británica no declara públicamente es que la compañía quiere reservarse el derecho de decidir qué demandas y reclamaciones son legítimas y cuáles no.

Conocedores de la actitud de BP y Transocean (empresa propietaria de la plataforma de extracción Deepwater Horizon), que pretenden blindarse a una eventual avalancha de demandas económicas, algunas de ellas procedentes de la propia Administración de Estados Unidos, algunos senadores demócratas (Robert Menendez, de Nueva Jersey; y Bill Nelson, de Florida) promueven una ley que aumentaría el límite de las indemnizaciones por daños y perjuicios de 75 a 10.000 millones de dólares.

Las ventajas de la presión política y el “asesoramiento” jurídico

Se trata sólo de una propuesta legislativa contra la que BP encontrará aliados, en su sector y en otros, para evitar su aprobación.

Mientras el petróleo sigue todavía manando del pozo en el que trabajaba BP, Transocean, la mayor empresa mundial de prospección petrolera en alta mar y propietaria de la plataforma que ocasionó el vertido, prepara su defensa legal para limitar al máximo su responsabilidad.

Para empezar, Transocean ha solicitado a una corte federal establecer un límite al dinero que deberá pagar en los ya más de 100 juicios en los que deberá presentarse. La cantidad que la propietaria de Deepwater Horizon quiere establecer como tope se desvía del sentido común y de la propia magnitud de la catástrofe: 27 millones de dólares.

Lo mejor de la historia, explicada por Lynn Neary en NPR: Transocean ya ha conseguido cobrar los más de 400 millones de dólares de indemnización de su compañía de seguros por la pérdida de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon.

Resumiendo: las compañías que operan en Estados Unidos no tienen por qué pagar más de 75 millones de dólares si su actividad produce una catástrofe natural inesperada; y, si bien, BP y Transocean acabarán pagando más que la cifra reconocida legalmente, ello seguirá un intrincado proceso legal y ambas compañías tendrán el apoyo de otras empresas interesadas en no hacerse cargo de los daños que su actividad pueda causar; finalmente, Transocean ya ha cobrado por los “daños y perjuicios” derivados de la pérdida de su plataforma petrolífera.

La fuente del problema: no se ha dado precio a la naturaleza y sus servicios

Lo que conduce a una pregunta: ¿Se puede hacer uso de la biodiversidad sin establecer ningún valor nominal a todos los servicios y ventajas que la naturaleza aporta al mundo?

Si la naturaleza y los servicios que presta no valen legalmente “nada”, difícilmente se podrá perseguir a quienes atenten contra ella.

El vertido en el Golfo de México remarca la insalvable diferencia entre la posición e intereses de las empresas BP y Transocean, responsables directas del acontecimiento, y la sociedad estadounidense, con su Administración en cabeza.

• Los primeros quieren limitar su responsabilidad legalmente, con lo que tendrán el apoyo de la propia ley y de la propia naturaleza de las corporaciones, personas jurídicas que tienen todos los derechos, aunque menos deberes que el ciudadano de a pie, incluidos los derivados de su mala actuación.
• Los segundos asisten atónitos al funcionamiento del sistema garantista de Estados Unidos, reconocido en el resto del mundo: hay un límite -excepcionalmente bajo- para las indemnizaciones y los responsables visibles de BP y Transocean están más interesados en limitar su responsabilidad económica y recuperar “su vida” de antes de la catástrofe que de hacer frente a los daños naturales en el Golfo de México.

Lo que explicaría que, por ejemplo, BP haya prohibido a quienes trabajan contratados por la empresa en la limpieza del vertido a difundir fotografías y vídeos de lo que ven.

Beyond Petroleum (*)

Pero el último desastre petrolero también tendrá consecuencias positivas, debido a la presión de la opinión pública de Estados Unidos, al toparse de bruces, años después de lo ocurrido en Alaska con el Exxon Valdez, con un vertido que llega a sus costas.

En otros lugares, ajenos al poder coaccionador de la atención informativa de Occidente y la capacidad de presión de la opinión pública de Estados Unidos, las consecuencias derivadas de la explotación irracional de los recursos se extienden en el tiempo.

Si pensamos que lo ocurrido en el Golfo de México es una aberración, nos convendría girar nuestra mirada de vez en cuando hacia lugares como la costa nigeriana.

Tragedia de los comunes: dialéctica entre libertad y responsabilidad

La teoría de la tragedia de los comunes plantea una pregunta sin respuesta relacionada con la diferencia de posiciones, ambas legalmente legítimas, aunque una de ellas, la de los ciudadanos, con el peso del sentido común de su lado, existente en el vertido del Golfo de México. Compañías que se escudan en derechos adquiridos para limitar su responsabilidad; y ciudadanos que se apresuran a protestar contra el marco jurídico que, sobre el papel, ellos mismos han creado desde la misma Declaración de Independencia.

El dilema de la tragedia de los comunes, expuesto con tal nombre por primera vez por Garret Hardin en Science en 1968, es provocado por el uso de un recurso finito por varios individuos que buscan su máximo beneficio (y las empresas, al fin y al cabo, son consideradas legalmente “personas”).

Los pensadores más influyentes de la Ilustración declararon que la búsqueda racional del individuo por mejorar su situación económica, motivada por el interés personal, era el motor de la prosperidad, si esta búsqueda legítima era combinada con los principios de respeto a la propiedad privada y el libre mercado.

Sólo había un problema: la mejora personal a partir del consumo de recursos tenía en cuenta la competencia legítima entre distintos individuos, que buscando su propio provecho crearían un sistema más próspero para el conjunto, pero no el carácter limitado de los recursos y cómo hacer frente a ello.

Desde Garret Hardin, se ha intentado medir la relación entre libertad y responsabilidad. ¿Hasta qué punto una persona o empresa puede pescar en el océano sin cruzar los límites de la responsabilidad? La cuestión no ha sido resuelta, no ya legalmente, sino ni siquiera en el mundo académico. Mientras tanto, desaparecen especies de amplias zonas, algunas para siempre, debido a la sobrepesca.

Lo que ocurre con la pesca puede extenderse a la explotación petrolera y sus consecuencias; el crecimiento de la población mundial y su relación con el consumo de todo tipo de recursos; el agua dulce; los bosques; los recursos energéticos y su relación con el clima; los animales y su hábitat; el oxígeno que respiramos y la cantidad de CO2 en la atmósfera; la situación de la capa de ozono; o incluso las frecuencias de radio.

Una respuesta rápida a la tragedia de los comunes: protección por ley

Sólo hay un mundo, con un número limitado de vida y recursos naturales. Sin embargo, el sistema económico mundial sigue dependiendo de ideas y sistemas jurídico-administrativos que fueron ideados durante la Ilustración, cuando el Planeta era visto todavía como una inacabable fuente de recursos, listos para ser explotados.

Ejerciendo su libertad y -de acuerdo con algunos textos tan influyentes como la propia Constitución de Estados Unidos- su búsqueda legítima de la felicidad (o realización personal), los ciudadanos (o personas jurídicas) buscan su máximo interés a partir del consumo de bienes naturales cada vez más limitados.

La ausencia de protección de estos bienes comunes pone en riesgo su supervivencia. No se ha decidido cómo evitar los excesos del consumo desaforado de bienes comunes, amenazados con actividades a menudo legítimas y reforzadas por los sistemas jurídicos del mundo, como la propiedad privada, los derechos para desarrollar actividades industriales y comerciales, etcétera.

Pese al vertido de Deepwater Horizon, la Administración demócrata de Estados Unidos todavía cree que la prospección petrolífera junto a sus costas forma parte de su mapa energético para sus próximos años, sobre todo si que quiere reducir la dependencia energética con respecto a zonas inestables en el mundo.

El legado de Muir y Brower no es suficiente

Personalidades como John Muir y David Brower lograron que Estados Unidos reconociera la protección de algunas de las maravillas naturales de un país tan extenso como un continente, y el ejemplo de los parques naturales, santuarios de la protección de la naturaleza, se extendió pronto a Europa y el resto del mundo, para suerte de la megafauna africana.

Pero los lugares protegidos, a menudo sin unas garantías mínimas, son minoría. 

Se han planteado otras soluciones al dilema de la tragedia de los comunes, como la privatización de los recursos (una extensión de las leyes ya existentes de la propiedad privada) y el respeto al libre mercado; la instauración, en determinadas zonas y sectores productivos, de sistemas cooperativos que no compitan a ciegas por la mayor capura posible de un recurso determinado, sino en la mejora de sus condiciones de vida a través de alternativas de negocio; la imposición de tasas ecológicas, o impuestos derivados de la contaminación asociada a una actividad; o la imposición común de regulaciones que fueran respetadas a escala universal, una propuesta del propio Garrett Hardin propuso para limitar el aumento de la población.

Medir el valor económico de la naturaleza

Todos tenemos claro cómo, a través de leyes básicas de la oferta y la demanda, se establece el valor de un corte de pelo, un automóvil o incluso el valor de una indemnización cuando se quema nuestra casa, en función del seguro de hogar que tengamos, el país y ciudad en que vivamos y las características del piso (tamaño, barrio, situación de la finca, etc.).

Pero, ¿cuánto vale el servicio que aporta un bosque para garantizar el suministro de agua, o el que ofrece un manglar, que protege la costa de un huracán?

El proyecto TEEB (siglas en inglés de The Economics of Ecosystems and Biodiversity), promovido por la ONU, quiere responder a estas preguntas: cuánto valen los servicios que aporta la naturaleza y cómo puede reconocerse este valor en el marco jurídico de todos los Estados del mundo.

El grupo de científicos que trabaja en TEEB publica sus conclusiones en un informe que asegura que la urgencia para proteger la biodiversidad es “más poderosa que el cambio climático”.

El informe recomienda que el único modo de avanzar en la protección natural rápidamente y con eficacia es integrar los bienes y servicios del mundo natural en el sistema económico global.

Uno de los retos del informe TEEB consiste en calcular el valor de los bienes y servicios proporcionados por la naturaleza, ya que tradicionalmente no han formado parte de las transacciones económicas y, en ocasiones, cuesta incluso reconocer el propio servicio prestado.

Murciélagos que controlan plagas

El investigador mexicano Carlos Muñoz, integrante del grupo, explicaba recientemente a BBC esta falta de reconocimiento: “En el norte de México, al norte de la ciudad de Monterrey, hay una cueva en la que vive un millón de murciélagos. Los científicos descubrieron que al atardecer, estos mamíferos salen a volar por la zona de Moroleón, donde se cultivan cítricos y otras plantas, y acaban con buena parte de las plagas que dañan estos cultivos”.

Del mismo modo, el bosque amazónico aporta un servicio global irremplazable, al albergar grandes porciones de la reserva de agua dulce, la biodiversidad terrestre y la capacidad natural para secuestrar dióxido de carbono.

Uno de los métodos de cálculo es el “valor de reemplazo”, consistente en determinar el valor de un bien o servicio a través de lo que costaría reemplazarlo para lograr una aportación equivalente.

A través de métodos de medición como el valor de reemplazo, los integrantes del grupo de estudio promocionado por la ONU esperan crear un “compendio de herramientas que permita a quienes toman decisiones mejorar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas”.

Mientras tanto, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN en sus siglas en inglés) estima que uno de cada cinco mamíferos, uno de cada tres anfibios y uno de cada siete aves se han extinguido o están seriamente amenazados, mientras otros grupos de especies muestran patrones igualmente preocupantes. Animales y plantas se extinguen ya que los cambios producidos en los ecosistemas son tan rápidos que no tienen tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones.

Reducir la presión sobre los ecosistemas

Por tanto, la publicación de estudios y recomendaciones prosigue a buen ritmo, aunque difícilmente adquieren un carácter vinculante, sobre todo a corto plazo.

También lo hacen las recomendaciones para que el ser humano se adapte a un estilo de vida más frugal, que requiera un menor consumo de energía y carne, ya que el transporte, los combustibles fósiles y el sector agrario concentran el grueso de las emisiones de dióxido de carbono, uso intensivo del terreno y consumo de agua potable.

Ya hay quienes, conociendo el poder tranformador de técnicas como la biomimesis, la permacultura, la tecnología adecuada, el fomento de servicios en lugar de objetos físicos, o la eco-efectividad, creen que sólo se logrará retomar un cierto equilibrio dialéctico con la naturaleza una vez diseñemos rascacielos que se comporten como termiteros, coches que se comporten como hojas, casas que actúen como árboles y ciudades que lo hagan como bosques.

En relación con estas tendencias, que combinan nuevas técnicas con la recuperación de tradiciones ya conocidas, comparto la presentación (acceder aquí; tiene licencia Creative Commons) que realicé en un evento sobre sostenibilidad e innovación celebrado en Madrid esta misma semana.

Aunque, recuperando el firme pulso de los trascendentalistas, una de las esperanzas para la conservación de los ecosistemas reside en la adopción masiva de una nueva escala de valores entre las clases medias de los países más ricos y en desarrollo, que dé prestigio a la frugalidad y reconozca la elegancia del ahorro y el consumo de bienes y servicios con sentido común.

Para ello, habrá que desempolvar parte del ideario de personalidades y empresas capaces de alcanzar el reconocimiento y la excelencia desde la frugalidad y la elegancia espartana. La vida sencilla y el vegetarianismo forman parte de la ecuación para salir de la encrucijada.

Consulta abajo los comentarios sobre el nuevo informe de TEEB publicados en Twitter